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2006
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Coimas y prebendas o persecuciones económicas Jaime Guzmán E. La Segunda, 24 de noviembre de 1984. El análisis de los nocivos efectos que produce la intervención exagerada -y peor aún discrecional- del Estado en la economía suele centrarse sólo en las consecuencias que dicho fenómeno acarrea en los ámbitos económico y sociopolítico. En realidad, no cabe duda que la injerencia excesiva y discrecional del Estado perjudica el desarrollo de la economía en todas sus posibilidades. La asignación de los recursos productivos pasa a ser determinada por conjunciones entre los grupos de presión más poderosos y las burocracias administrativas o políticas, en desmedro de los requerimientos de eficiencia propios de los esquemas económicos abiertos y competitivos. Por otro lado, resulta también incuestionable que semejante intervencionismo estatal cercena la libertad de las personas para decidir realmente su destino. El grave menoscabo que ello genera para los derechos cotidianos deja así a los derechos políticos en una condición de grave insuficiencia -cuando no de simple mascarada- para la vigencia de una sociedad libre. Sin embargo, ello no debe llevar a perder de vista que quizás la más dañina de todas las repercusiones de una intervención exagerada y discrecional del Estado en la economía, consiste en que ella estimula la corrupción de toda la actividad pública. En efecto, cuanto más dependa del árbitro de toda la autoridad política o administrativa el desenlace de cada negocio particular, mayor será el peligro de una creciente erosión en la moralidad del quehacer público. Cuando los empresarios perciben que, más que de una eficiencia productiva, su destino económico deriva de los favores discriminatorios que puedan o no obtener de parte de las autoridades, surge en aquellos la tendencia casi irrefrenable de conquistar el favor de los funcionarios a base de gestores administrativos. Las coimas para éstos y para los propios funcionarios, aunque a veces recubiertas de cierta presentación elegante, se ven así estimuladas por tal estatismo. A su vez, quienes ostentan el poder político, aparte de sucumbir frecuentemente a la seducción de esas coimas descubren en la discrecionalidad de las atribuciones que ellos ejercen, un medio muy eficaz para lograr el apoyo forzado de los ciudadanos, dispensando prebendas a quienes se declaran sus partidarios e incluso, persiguiendo económicamente a sus adversarios, todo ello con igual desjuiciamiento discriminatorio e injusto. Por eso, celebro la referencia del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, al asumir dicho cargo por un nuevo período el lunes pasado, en cuanto a que 'no es posible ignorar la existencia en el país de aquellos que aspirar el retorno de un Estado omnipotente, un Estado que interviene en todo... señores que añoran la reforma agraria, el control de precios, las licencias previas de importación, en fin, todo lo que significa la corrupción y el dominio de la economía'. La lucha contra el estatismo económico excesivo y discrecional no obedece, pues, sólo a sus perjuicios para el desarrollo del país y la libertad real de sus habitantes, sino que reviste una dimensión ética aún más insoslayable y gravitante para el conjunto de la vida pública. De ahí la importancia de que la actividad del Estado en la economía circunscriba su extensión al principio de subsidiariedad y- sobre todo- que ella se ejerza conforme a reglas lo más objetivas e impersonales posibles. |
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